Atracción al Fuero Federal del Caso contra Javier Corral Jurado
El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, con sede en Chihuahua, resolvió el 9 de enero de 2026 el conflicto competencial 20/2025, declarando la competencia del fuero federal para conocer del supuesto delito de peculado imputado al senador por Morena y exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, así como a otros involucrados. La decisión se tomó tras la solicitud de la defensa del imputado a la Fiscalía General de la República (FGR) para que ejerciera su facultad de atracción sobre la carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua. La FGR aceptó atraer el caso, y dos jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación confirmaron la procedencia de la competencia federal. Como consecuencia, se ordenó a la Fiscalía Anticorrupción estatal y al Juez de Control local desistirse del conocimiento del asunto y remitir de inmediato los expedientes a las autoridades federales. El proceso ahora será analizado por la FGR, actualmente encabezada por Ernestina Godoy, quien evaluará las pruebas y alegatos presentados por las partes para resolver conforme a derecho. La defensa, representada por el despacho Schütte & Delsol, argumentó que la atracción era necesaria para garantizar los fines constitucionales del proceso penal, incluyendo el derecho de las víctimas y la sociedad a la verdad, la justicia y la reparación del daño, ya que en el ámbito estatal no se permitió a los imputados presentar pruebas ni argumentos de defensa de manera adecuada. La resolución se inscribe en un contexto de tensiones prolongadas entre el exgobernador y las autoridades locales, derivadas de investigaciones que la defensa califica como fabricadas, mientras que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua mantiene que el delito de peculado agravado, tipificado en el artículo 270 del Código Penal estatal, corresponde estrictamente al fuero local por involucrar recursos públicos de carácter estatal.El caso tiene su origen en la contratación, durante la administración de Corral (2016-2021), del despacho López-Elías Finanzas Públicas para la reestructuración de la deuda pública del estado de Chihuahua, por un monto de 98.6 millones de pesos. La Fiscalía Anticorrupción estatal inició la investigación por presunto peculado agravado, acusando una disposición irregular de recursos públicos. En agosto de 2024, días antes de que Corral asumiera como senador y adquiriera fuero constitucional, se libró una orden de aprehensión en su contra, la cual no pudo ejecutarse en ese momento. Posteriormente, en noviembre de 2025, la defensa solicitó formalmente la atracción federal, alegando irregularidades procesales y violaciones a derechos humanos en el manejo del caso por parte de las autoridades chihuahuenses. La Fiscalía Anticorrupción ha expresado su desacuerdo con la resolución del Tribunal Colegiado, argumentando que el Ministerio Público Federal carece de competencia y legitimidad para intervenir en un delito de corrupción de naturaleza estatal, y que la acción penal se ejerció de manera legal, avalada por el órgano jurisdiccional local. Además, señaló que mantiene abierta la carpeta de investigación, amparada por una suspensión definitiva en un juicio de amparo promovido por la Secretaría de Hacienda del estado. La atracción federal representa un cambio significativo en el rumbo del proceso, al trasladar la competencia a instancias nacionales en un momento en que Corral participa activamente en el debate legislativo y en temas de anticorrupción a nivel federal, lo que subraya las complejidades jurisdiccionales en casos que involucran a exfuncionarios de alto perfil y disputas políticas entre niveles de gobierno.[10 de enero de 2026]
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